Sobre fiscales (presuntamente) convertidos en abogados defensores

Lo de la Infanta no se entiende o, mejor dicho, solo se entiende si hay un (presunto) delito de prevaricación de por medio. Que un fiscal se niegue a imputar a la cotitular de una sociedad que ha cometido fraude y, a la par, impute a todos los demás personajes involucrados, hiede. I si la exonerada es de la familia Real, hiede aún más. Y cuando despúes la Audiencia provincial dice que delito fiscal sí, pero blanqueo de capitales no, mientras todos los demás están imputados por ambos delitos (incluida otra enamorada de su esposo), entra la arcada. Y cuando finalmente el fiscal dice que no se puede imputar a la Infanta porque, en contra de la opinión de los jueces, dice que hay que aplicarle la doctrina Botín (si no hay acusación pública y sí privada en un delito fiscal, no procede juzgar al imputado), es para marcharse del país.

En un país más justo, transparente y con menos mamones, tal vez el fiscal compartiría cárcel con aquellos a los que exonera de sus delitos. Pero en una España parasitada e infestada, estas cosas siguen sin suceder y parece que solo los choricillos de poca monta acaban pisando la trena.

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