Viajes El Estado Español S.A.

Me repatea escuchar que los funcionarios somos unos vagos, unos mangantes y unos sinvergüenzas. Además de chascarrillo fácil, es la válvula de escape perfecta para aliviar la tensión social en la dirección opuesta hacia la que tendría que ir.

Como funcionario, cada vez que tengo que viajar para representar los intereses de los españoles, debo presentar un plan de gastos y una justificación sobre la naturaleza del viaje. Vuelo en clase turista, voy a hoteles de tres o menos estrellas y la dieta está estipulada en el BOE. La solicitud de mi comisión de servicio debe pasar por mi jefe, el jefe de mi jefe y el Director General, y en la mayoría de las ocasiones se piden explicaciones sobre la necesidad del desplazamiento. Al regresar, presento un informe sobre mis actividades durante el desplazamiento y los datos quedan registrados para cualquier futura inspección.

Por eso me escandalizo doblemente cuando leo y releo que el Presidente y Vocales del Consejo General del Poder Judicial no deben dar explicaciones cuando se van de viaje con cargo al erario público. Primero, porque la necesaria protección de una materia reservada parece estar sirviendo para encubrir un choriceo de poca monta. Segundo, porque nos deja a todos los que servimos a la función pública (investigadores, médicos, policías, bomberos, profesores de instituto y universidad, catedráticos, administrativos…) a la altura del betún y a merced de nuevos chascarrillos.

Es éticamente inadmisible que el Sr. Dívar no haya dado explicaciones sobre acusaciones como las que formula el diario El País:

El Consejo General del Poder Judicial pagó a su presidente, Carlos Dívar, estancias de cuatro días en Marbella (Málaga) con viaje, alojamiento y manutención incluidos, para acudir a actos públicos de unas horas que, a veces, se celebraban en una provincia distinta y, en algunos casos, a 200 kilómetros de distancia por carretera. Para justificar estas irregularidades, Carlos Dívar alegó que es presidente las 24 horas del día y que algunos viajes eran de carácter “reservado”.

Si alguien me acusase de semejante cosa sin ser cierto y yo fuese un afamado jurista, me querellaría ipso facto por atentado contra mi honor. Por eso mismo, no entiendo la ley del silencio, respaldada a muerte por el ministro Gallarón. Flaco favor se le hace a la justicia y  la transparencia, permitiéndole al Estado la potestad de financiar sin control los viajes de sus asalariados más notables…

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